Karen, una adolescente de 13 años, sufrió durante dos años los abusos sexuales de un paramilitar que la amenazaba con acabar con su vida y la de sus padres si lo denunciaba. Después de tener un bebé y ver que era idéntico a su padre, la niña revivió los episodios sufridos, lo que generó en ella un rechazo hacia su pequeño.
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Teniendo en cuenta casos como el de Karen, el departamento del Cesar ha emprendido un trabajo que busca abrir un espacio para que las víctimas de delitos sexuales reciban un trato diferencial por parte de las entidades de justicia que tienen la obligación de atender sus denuncias, evitando situaciones de re-victimización.
Según Lina Céspedes Báez, funcionaria de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) “la Fiscalía debe diseñar una política nacional para los casos en los que se haya presentado violencia sexual, pero hasta ahora no se ha dado y si se dio, no la conocemos”.
De acuerdo con registros de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) en el Cesar más del 17 de casos de violaciones de paramilitares generaron embarazos en las víctimas.
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